Según explican en el sector, el nuevo certificado vigilará toda la cadena de suministro para evitar mezclas en la producción o refinado del aceite. Los votos en contra se deben a un factor técnico.
El sector del aceite de oliva se mueve para proteger su reputación. Son varias las voces que llevan años apuntando a que el sistema de catas y pruebas fisicoquímicas actuales da pie a fraudes en el sector del aceite virgen, ya que no vela por la transparencia y calidad de toda la cadena de suministro. Por eso, la industria se está moviendo para crear una etiqueta privada que sea voluntaria, pero más exigente y extensa. Con esta certificación, pretenden presionar a todos para cumplir con mayor escrutinio y dejar en evidencia a aquellos que no se adhieran. La medida en cuestión fue aprobada el pasado lunes, en un pleno que dio luz verde a la creación futura de un comité de expertos bajo la batuta de la Fundación del Patrimonio Comunal Olivarero. Cinco miembros votaron en contra, pero la medida salió adelante con el apoyo de los otros 23.
Para alcanzar la categoría de virgen o virgen extra, el sistema actual dice que el aceite necesita contar con el beneplácito de dos tipos de prueba: la cata (prueba sensorial que se hace con un grupo de personas entrenadas para oler y saborear el producto) y el análisis en laboratorio (prueba fisicoquímica que mide la acidez y componentes del aceite).
A menudo, hay aceites que no cumplen con las pruebas por defectos en la producción o condiciones climatológicas adversas: son los llamados aceites lampantes. Los lampantes pasan entonces por un proceso de refinado en el que se les quita todo el sabor y olor. A este líquido se le añade una pequeña dosis de aceite de oliva virgen y, tras este tratamiento, es comercializado como aceite de oliva refinado.
Este sistema público, supervisado por la Unión Europea, ha sido criticado por varias cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, es la subjetividad del sistema de catas, siendo el aceite de oliva uno de los pocos alimentos que están sujetos a esta prueba como aval de su calidad (en el vino, por ejemplo, la cata es un proceso accesorio). Bajo este debate, se critica que pueda haber arbitrariedad en la clasificación del aceite, o instancias en las que un aceite considerado virgen por el análisis en laboratorio sea luego tachado de lampante en la cata (o viceversa). Es en este ámbito donde se han estado dando titulares como el de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Sin embargo, esta no es la polémica que pretende encarar la Fundación del Patrimonio Comunal Olivarero con la nueva certificación. Lo que quiere el sector es que no solo se analice el producto final del aceite, sino que se vigilen todos los procesos de producción y refinado, ya que es ahí donde hay espacio para fraudes. Es ahí donde algunas compañías generan márgenes mayores por estar vendiendo un producto de menor valor a mayor precio. Para evitar este tipo de artimañas, el sector valora poner cámaras que vigilen las matrículas de los vehículos que entran y salen de las plantas de producción o llevar un mayor control de la trazabilidad de los productos, yendo más allá incluso que la nueva legislación de calidad que prepara el Ministerio de Agricultura. El gremio del aceite también quiere endurecer las pruebas de catas y análisis en laboratorio para que sea más difícil sortearlas.
La fundación reúne los intereses tanto de la industria privada como de la Administración pública y las asociaciones agrarias. Los cinco miembros que votaron en contra representan al Ministerio de Comercio e Industria, la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) y la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceites de Oliva y Aceites de Orujo (Asoliva).
El sector quiere vigilar toda la cadena de suministro, no solo el aceite líquido
Según explican fuentes cercanas tanto al Ministerio de Comercio como a las asociaciones (que agrupan gran parte de la industria aceitera española), en ningún momento se está argumentando contra una nueva certificación del aceite. Lo que pasa es que estos miembros preferían que fuese la Interprofesional del Aceite de Oliva la que impulsase el proyecto, ya que es la organización que representa a la industria y que lleva más tiempo trabajando en él. La interprofesional no cuenta con representación de la Administración pública, pero las mismas fuentes indican que daría igual porque el ministerio tendría que aprobar de todas formas cualquier etiquetado que se publicase, aunque fuese un certificado privado.
Por otro lado, los miembros de la interprofesional tienen derecho a veto, lo cual asegura que haya un consenso en el desarrollo de la medida. De todas formas, argumentan que en caso de que el proyecto no hubiese salido adelante con la interprofesional, el etiquetado siempre habría podido pasar a manos de la fundación. Aunque no estén de acuerdo en este aspecto, estos miembros seguirán participando en el impulso de este nuevo sello y apoyarán su desarrollo futuro.
Fuente: El Confidencial
